El Parlamento vasco ha encontrado a los culpables políticos de los sucesos de Vitoria de 1976, en los que murieron cinco obreros. A la cabeza, Manuel Fraga, ministro del Interior del Gobierno de Carlos Arias Navarro, seguido de los entonces titulares de Relaciones Sindicales, Rodolfo Martín Villa, y de Presidencia, Alfonso Osorio.
Según publica hoy el diario Público, un dictamen de la Cámara de Vitoria, que aún tiene que pasar por el pleno, hace recaer sobre los tres mencionados las “responsabilidades políticas” de las cinco muertes, consecuencia de una carga de la Policía Armada contra una asamblea de trabajadores.El texto recibió los apoyos del tripartito –PNV, EA y EB– y del PSE. PP y PCTV votaron en contra. El primero, porque se aprueba una “utilización sesgada de los hechos” y los abertzales, porque la cobertura a las víctimas es “insuficiente”.
Como Los Sucesos de Vitoria se conoce a los acontecimientos ocurridos el 3 de marzo de 1976 en Vitoria, durante unas jornadas de huelga general contra los topes salariales y en defensa de mejoras condiciones de trabajo.
Los trabajadores se metieron en una iglesia, la de San Francisco de Asís, en el barrio de Zaramaga, para celebrar una asamblea, con permiso del párroco. La policía rodeó el templo. Mandó desalojar y los trabajadores se negaron. Sin apenas negociación, los agentes dispararon botes de humo, lo que provocó el pánico en el interior del recinto. Los que salían eran apaleados por las fuerzas del orden. Inmediatamente se empezaron a oír disparos de bala y ráfagas de metralleta. Hubo cientos de heridos, de ellos, más de sesenta graves. Dos obreros murieron en el acto y otros tres morirían después a consecuencia de las heridas. Uno de ellos era un chico de 17 años.
En 2007, el Parlamento vasco encargó a una comisión especial el esclarecimiento de los hechos y pidió comparecer a historiadores, periodistas, testigos y víctimas. Sus declaraciones permitieron redactar un dictamen que concluye que la versión oficial “falta a la verdad”. Además, califica de “desproporcionadas” las medidas que el Gobierno de Arias tomó para tumbar la asamblea de trabajadores que se celebraba en la iglesia de San Francisco de Asís.
La concentración respondió a un contexto de “conflictividad laboral”, aunque la protesta adquiriera “una dimensión política”. En todo caso, alega el documento, no puede probarse que existiera un “plan preestablecido” para que la Policía acabase con la asamblea “con la violencia finalmente empleada”.
El texto, según el diario, carece de eficacia práctica. Simplemente se remitirá “a las instancias y entidades oportunas” para que “lo adjunten o den referencia del mismo” en todos los sumarios y fondos documentales que versen sobre los luctuosos sucesos de Vitoria.
Según publica hoy el diario Público, un dictamen de la Cámara de Vitoria, que aún tiene que pasar por el pleno, hace recaer sobre los tres mencionados las “responsabilidades políticas” de las cinco muertes, consecuencia de una carga de la Policía Armada contra una asamblea de trabajadores.El texto recibió los apoyos del tripartito –PNV, EA y EB– y del PSE. PP y PCTV votaron en contra. El primero, porque se aprueba una “utilización sesgada de los hechos” y los abertzales, porque la cobertura a las víctimas es “insuficiente”.
Como Los Sucesos de Vitoria se conoce a los acontecimientos ocurridos el 3 de marzo de 1976 en Vitoria, durante unas jornadas de huelga general contra los topes salariales y en defensa de mejoras condiciones de trabajo.
Los trabajadores se metieron en una iglesia, la de San Francisco de Asís, en el barrio de Zaramaga, para celebrar una asamblea, con permiso del párroco. La policía rodeó el templo. Mandó desalojar y los trabajadores se negaron. Sin apenas negociación, los agentes dispararon botes de humo, lo que provocó el pánico en el interior del recinto. Los que salían eran apaleados por las fuerzas del orden. Inmediatamente se empezaron a oír disparos de bala y ráfagas de metralleta. Hubo cientos de heridos, de ellos, más de sesenta graves. Dos obreros murieron en el acto y otros tres morirían después a consecuencia de las heridas. Uno de ellos era un chico de 17 años.
En 2007, el Parlamento vasco encargó a una comisión especial el esclarecimiento de los hechos y pidió comparecer a historiadores, periodistas, testigos y víctimas. Sus declaraciones permitieron redactar un dictamen que concluye que la versión oficial “falta a la verdad”. Además, califica de “desproporcionadas” las medidas que el Gobierno de Arias tomó para tumbar la asamblea de trabajadores que se celebraba en la iglesia de San Francisco de Asís.
La concentración respondió a un contexto de “conflictividad laboral”, aunque la protesta adquiriera “una dimensión política”. En todo caso, alega el documento, no puede probarse que existiera un “plan preestablecido” para que la Policía acabase con la asamblea “con la violencia finalmente empleada”.
El texto, según el diario, carece de eficacia práctica. Simplemente se remitirá “a las instancias y entidades oportunas” para que “lo adjunten o den referencia del mismo” en todos los sumarios y fondos documentales que versen sobre los luctuosos sucesos de Vitoria.
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