Lo que ocurrió el 11 de septiembre pasado en el departamento amazónico de Pando, en Bolivia, fue realmente una matanza. Decenas de campesinos partidarios del presidente Evo Morales fueron emboscados y tiroteados por civiles sin que las fuerzas del orden ni el prefecto de la zona hicieran nada por impedirlo. Ésta es la principal conclusión del informe que encargó Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) a una comisión de expertos y que será entregado la semana próxima, en Santiago de Chile, a Michelle Bachelet, presidenta provisional del organismo latinoamericano.
Rodolfo Mattarollo, consultor argentino de derechos humanos y responsable de la comisión, no abriga dudas sobre los llamados "hechos de Pando". El informe incluirá una lista de personas implicadas, "todas ellas bien conocidas en Cobija, la capital de Pando", y una serie de recomendaciones para que los asesinatos no queden en la impunidad. "Lo relevante en este caso es la rapidez y seriedad con la que ha actuado Unasur, encargando la investigación a equipos técnicos, capaces de establecer la verdad de los hechos". Es algo sin muchos precedentes, asegura Mattarollo.
Según recogerá el informe, lo que pasó en Cobija se encuadra dentro de los enfrentamientos entre el presidente Morales y los grupos opositores autonomistas. Los contrarios al presidente ocuparon oficinas del Gobierno y el Instituto de Reforma Agraria, donde están depositados los títulos de propiedad de las tierras. Desde Filadelfia, una localidad cercana, con alcaldía del partido de Morales, se organizó una columna de unos mil campesinos que iban a asistir a una asamblea en la capital, y previsiblemente, asediar a los ocupantes.
"Sectores cívicos prefecturales [civiles próximos al prefecto de la zona, equivalente a un gobernador, Leopoldo Fernández], se organizaron para impedir que los campesinos llegaran a la ciudad. Se cavaron zanjas con excavadoras propiedad del Estado, con varios metros de profundidad. La columna fue atacada por civiles armados", explica Mattarollo. En su huida, muchos campesinos se tiraron al río y existen vídeos donde se aprecian las dificultades de muchos de ellos para mantenerse a flote. La comisión ha identificado 26 muertos y algo más de 40 heridos por arma de fuego, pero no descarta que en realidad haya habido más víctimas. Entre los muertos identificados figuran tres muchachos que fueron claramente ajusticiados y cuyos cadáveres fueron además mutilados.
Un testimonio recogido habla de un niño pequeño muerto de un tiro, pero no ha sido posible comprobar ese extremo. "La única forma de saber exactamente el número de muertos y posibles desaparecidos sería establecer un censo o investigar denuncias precisas, pero eso es prácticamente imposible. En Pando ha cundido el miedo entre los campesinos. Es una gente tan desposeída que la mera idea de presentar una denuncia les resulta irreal", comenta el experto argentino.
El informe dejará establecida la absoluta pasividad de las fuerzas del orden, que contemplaron lo que ocurría sin intervenir. Mattarollo hace hincapié en un hecho especialmente brutal: algunos de los heridos fueron bajados de las ambulancias que los trasladaban al hospital para ser maltratados y golpeados.
"Dejando al margen cualquier tipo de simpatías políticas, de lo que se trata aquí es de investigar y de no dejar impune una masacre. Lo de Pando fue una masacre; ésa es exactamente la palabra indicada porque es así como definen este tipo de hechos los protocolos internacionales", precisa Rodolfo Mattarollo.
El prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, que fue detenido por orden del presidente Evo Morales y al que el fiscal del Estado acusa de genocidio, permanece internado en una cárcel de La Paz, aunque todavía no está claro qué tribunal deberá juzgarle, dada su condición de prefecto. Pando, sometida a estado de sitio desde septiembre y a la que han llegado policías de otras zonas del país para hacerse cargo del mantenimiento del orden, volverá a la normalidad, según ha anunciado Morales, la semana próxima.
Según recogerá el informe, lo que pasó en Cobija se encuadra dentro de los enfrentamientos entre el presidente Morales y los grupos opositores autonomistas. Los contrarios al presidente ocuparon oficinas del Gobierno y el Instituto de Reforma Agraria, donde están depositados los títulos de propiedad de las tierras. Desde Filadelfia, una localidad cercana, con alcaldía del partido de Morales, se organizó una columna de unos mil campesinos que iban a asistir a una asamblea en la capital, y previsiblemente, asediar a los ocupantes.
"Sectores cívicos prefecturales [civiles próximos al prefecto de la zona, equivalente a un gobernador, Leopoldo Fernández], se organizaron para impedir que los campesinos llegaran a la ciudad. Se cavaron zanjas con excavadoras propiedad del Estado, con varios metros de profundidad. La columna fue atacada por civiles armados", explica Mattarollo. En su huida, muchos campesinos se tiraron al río y existen vídeos donde se aprecian las dificultades de muchos de ellos para mantenerse a flote. La comisión ha identificado 26 muertos y algo más de 40 heridos por arma de fuego, pero no descarta que en realidad haya habido más víctimas. Entre los muertos identificados figuran tres muchachos que fueron claramente ajusticiados y cuyos cadáveres fueron además mutilados.
Un testimonio recogido habla de un niño pequeño muerto de un tiro, pero no ha sido posible comprobar ese extremo. "La única forma de saber exactamente el número de muertos y posibles desaparecidos sería establecer un censo o investigar denuncias precisas, pero eso es prácticamente imposible. En Pando ha cundido el miedo entre los campesinos. Es una gente tan desposeída que la mera idea de presentar una denuncia les resulta irreal", comenta el experto argentino.
El informe dejará establecida la absoluta pasividad de las fuerzas del orden, que contemplaron lo que ocurría sin intervenir. Mattarollo hace hincapié en un hecho especialmente brutal: algunos de los heridos fueron bajados de las ambulancias que los trasladaban al hospital para ser maltratados y golpeados.
"Dejando al margen cualquier tipo de simpatías políticas, de lo que se trata aquí es de investigar y de no dejar impune una masacre. Lo de Pando fue una masacre; ésa es exactamente la palabra indicada porque es así como definen este tipo de hechos los protocolos internacionales", precisa Rodolfo Mattarollo.
El prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, que fue detenido por orden del presidente Evo Morales y al que el fiscal del Estado acusa de genocidio, permanece internado en una cárcel de La Paz, aunque todavía no está claro qué tribunal deberá juzgarle, dada su condición de prefecto. Pando, sometida a estado de sitio desde septiembre y a la que han llegado policías de otras zonas del país para hacerse cargo del mantenimiento del orden, volverá a la normalidad, según ha anunciado Morales, la semana próxima.
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